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Hacia la "Empresa" del Servicio de Justicia (Argentina)
 El autor analiza la administración de justicia como una empresa de servicios, teniendo en cuenta que la tramitación de procesos supone un setenta por ciento de gestión y un treinta por ciento de conocimiento jurídico, por lo que es necesario simplificar y sistematizar las tareas y optimizar el factor humano y los recursos materiales.
Escribe: Pelayo Ariel Labrada[1]
En la labor de un juzgado hay que distinguir la tarea jurisdiccional de la administrativa. Esta última no se diferencia de la que se realiza en una oficina privada, y ya hay unos cuantos magistrados que han tomado conciencia de ello y tratan de obtener el mayor rendimiento con el menor esfuerzo, aplicando técnicas empresariales.
Hay que tener en cuenta que, en todo el desarrollo de un proceso, el setenta por ciento es gestión y solo un treinta por ciento lo jurídico. Sin embargo, las facultades de derecho siguen enseñando legislación de fondo y procesal, filosofía del derecho, derecho nacional e internacional, historia, Derecho Romano, pero nada de cómo conducir a un juzgado para brindar un servicio eficiente a la población.
Un eminente jurista argentino, el Dr. Roberto Berizonce, ha dicho: “El Poder Judicial debe ser concebido y organizado como una verdadera empresa de servicios, sometida a estrictas reglas de organización que aseguren su eficiencia y el adecuado aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles.”
Escribo estas líneas con entusiasmo y convicción, pero no ignoro que muchos jueces (quizá la mayoría) sienten repulsa cuando oyen que lo nuestro puede funcionar como una verdadera “empresa de servicios”, fundamentalmente porque asocian esas palabras a la idea de lucro. La frase “Mi juzgado no es un Mac Donnal” la oponen como escudo a toda propuesta de innovación.
Si bien en la actividad privada el destino final es la ganancia para el dueño, existen numerosas organizaciones que funcionan con todas sus características y técnicas, pero sin aquel objetivo. Cabe recordar las cooperativas, los hospitales de distintas colectividades, los clubes deportivos, las fundaciones, ciertas universidades y colegios, etc.
Y entonces…, ¿porqué no?
Un organismo judicial no tiene necesidad de parecerse a una oficina viciosamente burocrática. La simplificación y la sistematización de tareas, la optimización del aprovechamiento del factor humano y los recursos materiales, pueden acercarnos al ritmo de una empresa de servicios.
Ya en el año 1948, un juez pionero de la modernización del servicio de justicia, el Dr. Alfredo J. Di Iorio, nos decía: “…en vez de lamentaciones y reclamos por las insuficiencias de las estructuras orgánicas y de los medios materiales, lo que se debe hacer es tratar de mejorar la prestación del servicio judicial a partir de esas estructuras y medios.” [2]
LA GESTIÓN DE CALIDAD
Hay algunos juzgados donde se están aplicando las Normas ISO, que es lo más perfeccionado en materia de técnicas para aprovechar al máximo a la capacidad de las personas y los medios materiales disponibles, sin que ello signifique exigir un esfuerzo mayor, ni inversiones económicas.
Las grandes empresas privadas aspiran a tener como máximo galardón, el haber certificado calidad en base a esas normas.
En la República Argentina, ya hay trece organismos judiciales que lo han obtenido y otros sesenta que se están preparando para ello. Más aún, el Juzgado Nacional en lo Laboral Nº 77 de la ciudad de Buenos Aires, en el año 2006, ha obtenido el Premio Nacional a la Calidad, que es superior a aquello, ya que –además de cumplir requisitos similares- se debe competir, ya que solo se otorga uno por año al sector público y otro al privado.
Pero, querido lector, no quiero que usted se cree una imagen falsa. Esto no significa que la justicia argentina funcione de maravillas. En ese país hay siete mil organismos judiciales, y la mayoría de sus titulares no tienen interés en modernizarse.
Sin embargo, en la Segunda Conferencia Nacional de Jueces realizada en Salta, año 2007, se estableció que “es una política de Estado del Poder Judicial, la aplicación de criterios de gestión institucional de los recursos materiales y humanos, con el objetivo de lograr un servicio de justicia eficiente y eficaz”.
No cabe duda de que –aún con esas novedades favorables- seguimos siendo minoría, pero estamos avanzando.
En la época en que muchos dicen “se acabaron las utopías” hay jueces, secretarios y funcionarios que sueñan con organizar los tribunales como “empresa de servicios”… pero más que una utopía, esto pareciera ser necesidad.
[1] Ex juez en lo civil y comercial de la provincia de Buenos Aires (Argentina), actualmente jubilado pero se desempeña como profesor en cursos de postgrado en varias universidades de Argentina y Bolivia, para la modernización del servicio de justicia. Sus trabajos han sido publicados en España, México, Austria y Argentina. Ha disertado en Cusco, Lima y Puerto Maldonado, además de otros países
[2] La Ley, To. 1984-B, pág. 987 |
