Los resultados obtenidos con la puesta en marcha de los juzgados y salas comerciales en el Perú constituye una de las principales transformaciones del Estado que va consolidando la seguridad jurídica, al haber acortado los plazos de tramitación de los procesos comerciales y disminuido los costos.

Enrique Beltrán
Director Ejecutivo IFB
Perú

Experiencia

Los resultados obtenidos con la puesta en marcha de los juzgados y salas comerciales en el Perú constituye una de las principales transformaciones del Estado que va consolidando la seguridad jurídica, al haber acortado los plazos de tramitación de los procesos comerciales y disminuido los costos, con el consiguiente beneficio para los agentes económicos y la población, siendo un factor clave reconocido para mejorar la competitividad del país.

Problemática

Antes del 2005 la situación de las causas comerciales en el Perú se caracterizaba por una excesiva demora en la resolución de los procesos, fallos no previsibles y contradictorios, poco conocimiento de los magistrados de la normatividad comercial, uso indebido de mecanismos procesales, escasa información a los litigantes y empleo de una tecnología y sistemas obsoletos.

Todo ello generaba un impacto negativo en la economía que se traducía en inseguridad jurídica, sobrecostos financieros, elevación del riesgo país y disminución de las inversiones nacionales y extranjeras, limitando las fuentes de empleo para la población.

Propuesta

Con la puesta en marcha de los juzgados y salas comerciales la situación descrita ha sido superada, demostrando que los peruanos somos capaces de llevar adelante cambios sustantivos en el complejo sector judicial. El logro obtenido obedece a un reto por armonizar el liderazgo de los propios magistrados con los aportes de especialistas (no necesariamente abogados), los stakeholders (gremios, usuarios y otros) así como la cooperación internacional y contar con una visión de largo plazo.

El proceso se inicia en 1999 con la participación de los presidentes del Poder Judicial, vocales supremos, vocales superiores, jueces y especialistas provenientes de diversas vertientes- Superintendencia de Banca y Seguros, colegios de abogados, entidades financieras, académicos, estudiosos-.

El Instituto de Formación Bancaria con respaldo del BID convocó hasta en tres oportunidades a magistrados españoles expertos en el ámbito mercantil a fin de compartir sus experiencias. El propio Poder Judicial creó la Comisión de juzgados comerciales, cuya impecable labor convocó a múltiples personas y entidades hasta que el 5 de abril del 2005 se pusieron en marcha siete juzgados y una sala comercial en la Corte Superior de Lima, con la participación de la Universidad de Maryland a través de Iris Center y la financiación de USAID.

Un factor clave del proceso resultan los seguros físicos, electrónicos, administrativos y de presión ética grupal con que cuenta la justicia comercial en el tema anticorrupción. Así, un juez comercial cuenta con un software ad-hoc que le permite conocer en tiempo real el estado de los procesos, monitorear el trabajo de su personal y la relación con los litigantes, aplicar las medidas correctivas necesarias y detectar a litigantes que intentan dilatar los procesos maliciosamente, transformando el despacho judicial. Asimismo, el hecho de colocar en Internet los fallos permite verificar la predictibilidad y brinda transparencia a la gestión.

Otro factor clave es la transferencia de conocimientos para reformar, tanto a magistrados como al personal de apoyo. La capacitación recibida por magistrados y personal de apoyo excede las 50 horas anuales, mientras que en el resto del sector público no llega ni a cinco horas/año. Los jueces comerciales han sido capacitados en gerencia e informática, lo que les permite elevar su nivel de gestión y utilizar diversas herramientas para el seguimiento de los procesos y la adopción de decisiones. El personal administrativo, por su parte, está preparado para un mejor manejo documentario, servicio al cliente y una actitud positiva frente al trabajo. Con ello, los procedimientos administrativos se han transformado de modo que el back office es significativamente más ágil y transparente.

No en vano el presidente de la Corte Suprema afirmó que mientras estuvo a cargo de la oficina de control de la magistratura – hasta diciembre del 2006- no hubo una sola denuncia por inconducta funcional de jueces comerciales.

La clave es comprender que el Estado debe organizarse en función del servicio al ciudadano y no al revés. Actualmente la gran mayoría de servicios públicos transfiere sus ineficiencias a la ciudadanía, perdiendo competitividad cuando la internacionalización de la economía exige mayor productividad a los empresarios y al Estado.

La empresa privada al estar organizada bajo la lógica del servicio al cliente tiene mayores posibilidades de captación internacional de management, tecnología, organización y sistemas de operación de servicios, siendo nuestra responsabilidad aportar las mejores prácticas a la imprescindible reforma del Estado. Nuestra tesis es que se requiere un task force (grupo de tarea) público- privado con el objetivo común de reforma claramente aceptado por todos.